Caso Matute Johns

Investigación por presunto secuestro


El 26 de noviembre de 1999, el padre del joven, Jorge Matute Matute, pidió a la Corte de Apelaciones de Concepción la designación de un ministro en visita para la investigación del caso, medida que fue rechazada. El 1 de diciembre su familia interpuso una querella criminal por presunta desgracia en el Tercer Juzgado del Crimen de Concepción. La magistrado, Flora Sepúlveda, realizó peritajes a la discoteca "La Cucaracha", además de interrogatorios a su dueño, Bruno Betanzo, a su pareja y a tres trabajadores del recinto.

El 5 de enero de 2000, la investigación del caso se redefinió por secuestro y obstrucción a la justicia. El 21 de febrero Flora Sepúlveda estableció la prohibición de informar los avances relativos al caso, dictamen al que apelaron los medios de prensa, por lo cual, días más tarde, el 6 de marzo, se dejó sin efecto la medida. El gobierno pidió un ministro en visita para el caso en julio de 2000, lo que fue nuevamente rechazado por el tribunal de alzada de Concepción. El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la querella criminal el 4 de agosto de ese año.

Durante diciembre de 2000 se detuvo a dos jóvenes testigos, Carlos Gajardo y Gisela Miranda, por presunta obstrucción a la justicia, a lo que su defensa replicó con un recurso de amparo, por estimar que su detención era arbitraria, siendo ambos liberados el 31 de diciembre. El 1 de enero de 2001, 7 jóvenes —Cristián Herrera, Federico Homper, Oscar Araos, Jorge Bañados, Jaime Rojas, José Ignacio del Río y Carlos Alarcón— fueron detenidos por los mismos cargos, y entre el 4 y 5 de ese mes fueron procesados. El 12 de enero los siete jóvenes recuperaron su libertad, sin embargo la familia Matute Johns y el CDE apelaron al fallo ante la Corte Suprema, tribunal que revocó la decisión de la Corte de Concepción, el 30 de enero. El 20 de febrero los jóvenes obtuvieron la libertad provisional.

Un informe del mayor de Carabineros, Andrés Ovalle, entregado a la jueza Sepúlveda el 23 de enero de 2002, liberó de responsabilidad a los siete jóvenes imputados por obstrucción a la justicia, y estableció que los hechos apuntaban a que el dueño y los dependientes de la discoteca tenían implicancia en la desaparición de Jorge Matute. El 5 de abril de ese año fue demolida la discoteca por petición del propietario del terreno. En agosto de 2002, la familia del joven acusó a agentes de Carabineros por la desaparición del estudiante; días más tarde, el 17 de septiembre, se ordenó el arresto del mayor Ovalle por haber realizado el informe con ayuda de padres de dos de los jóvenes procesados. Frente a una petición de la Cámara de Diputados, el 10 de diciembre la Corte de Apelaciones de Concepción nombró al magistrado Juan Rubilar Rivera como ministro en visita del caso.

Hallazgo del cuerpo

Edificio del Servicio Médico Legal en Santiago de Chile, donde se realizó la autopsia de Matute Johns.
La desaparición de Jorge Matute Johns finalizó el 12 de febrero de 2004, día en que se encontraron sus restos a orillas del río Biobío, en el kilómetro 22,6 de la Autorruta de la Madera El 12 de marzo de ese año, el Servicio Médico Legal(SML) confirmó que la muerte de Matute había sido causada por terceros.
Sólo el 30 de abril de 2005 sus restos pudieron ser sepultados en Concepción.

Investigación por homicidio y desarrollo del caso

El 28 de octubre de 2005, el Consejo de Defensa del Estado solicitó el procesamiento por homicidio de Jaime Rojas López y Óscar Araos Díaz al ministro en visita Juan Rubilar, lo que fue rechazado el 2 de noviembre, y refrendado el 26 de abril de 2006 por la Corte de Apelaciones de Concepción. El 24 de mayo de ese año, el magistrado dejó sin efecto el procesamiento de los siete jóvenes acusados de obstrucción a la justicia, y decretó el sobreseimiento temporal del caso el 4 de diciembre.

En mayo de 2007 surgieron nuevos antecedentes respecto de la muerte de Matute Johns; un ex empleado de la discoteca, Fabián Flores Silva, asumió su participación directa en la muerte del joven.